El proyecto de Presupuesto nacional 2027 presentado por el Gobierno nacional incorpora una modificación que vuelve a poner en discusión el financiamiento de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
La iniciativa propone eliminar los valores universales establecidos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y avanzar hacia un esquema en el que los aranceles puedan definirse de acuerdo con cada financiador o jurisdicción.
El cambio está contemplado en el artículo 39 del proyecto y plantea modificar el artículo 7° bis de la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.
Actualmente, el Nomenclador funciona como una referencia nacional para establecer los valores de distintas prestaciones. Allí se incluyen servicios fundamentales como transporte especial, centros de día, rehabilitación, acompañamiento terapéutico y apoyo escolar, entre otros.
La propuesta del Ejecutivo sostiene que garantizar la universalidad de las prestaciones no implica necesariamente mantener iguales aranceles ni modalidades de financiamiento en todo el país.
De esta manera, el sistema pasaría a establecer un piso mínimo de prestaciones, mientras que los valores económicos podrían quedar sujetos a las condiciones determinadas por cada financiador o jurisdicción.
Cuando el responsable del financiamiento sea el Estado nacional, los valores serían establecidos trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad. En caso de que esa actualización no se concrete dentro del plazo correspondiente, se tomaría como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo establecido en el proyecto.
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con la capacidad de negociación entre los prestadores y quienes deben financiar las prestaciones.
Organizaciones y trabajadores vinculados al sector advierten que, al desaparecer un valor nacional de referencia, cada prestador podría quedar más expuesto a las condiciones económicas que establezcan las obras sociales, empresas de medicina prepaga u otros financiadores.
El debate no se limita solamente al monto que se paga por cada servicio. También existe preocupación por el impacto que podría tener sobre la continuidad de determinadas prestaciones y sobre la disponibilidad de profesionales especializados.
En el ámbito de la discapacidad, muchas terapias, tratamientos, traslados y elementos requieren recursos específicos y no siempre pueden ser sustituidos por alternativas de menor costo.
Por ese motivo, quienes cuestionan la modificación sostienen que una reducción o falta de actualización adecuada de los aranceles podría terminar afectando la cantidad de prestadores disponibles y, en consecuencia, el acceso efectivo de las personas con discapacidad a determinados servicios.
El impacto potencial adquiere una dimensión particular en Misiones.
La provincia no cuenta con el adicional por zona desfavorable que reciben las jurisdicciones patagónicas y, al mismo tiempo, presenta mayores distancias geográficas y una disponibilidad más limitada de determinados profesionales y establecimientos especializados.
Esto significa que, para algunas familias misioneras, acceder a una prestación puede implicar traslados importantes o depender de un número reducido de especialistas.
En ese contexto, cualquier modificación en el sistema de financiamiento podría tener efectos que excedan la discusión estrictamente económica y repercutan sobre la continuidad de tratamientos y servicios.
La eliminación de los valores nacionales de referencia no aparece por primera vez en una propuesta del Gobierno nacional.
Una modificación similar había sido incluida anteriormente dentro de un proyecto denominado “Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, iniciativa que finalmente no avanzó en el Congreso.
Ahora, el planteo vuelve a aparecer incorporado dentro del proyecto de Presupuesto 2027, por lo que su futuro dependerá del tratamiento legislativo que tenga la iniciativa.
Mientras tanto, el debate vuelve a poner en el centro la situación de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores que sostienen cotidianamente las distintas prestaciones.
Para Misiones, el desafío se presenta con características particulares debido a las distancias, la distribución territorial de los servicios y la menor disponibilidad de determinadas especialidades.
