El sector yerbatero expresó profunda preocupación ante el proyecto de Reordenamiento Normativo impulsado por el Gobierno nacional para reestructurar el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La propuesta, de 31 páginas y 103 artículos, prevé dar de baja 21 resoluciones dictadas entre 2003 y 2023, avanzar sobre los sistemas de fiscalización y despojar al Directorio de facultades conferidas por ley nacional.
El subsecretario de Asuntos Yerbateros de Misiones, Ricardo Maciel, advirtió sobre los riesgos jurídicos y productivos de la iniciativa: "El Directorio no puede desligarse de responsabilidades que le fueron atribuidas por ley". Recordó además que el INYM nació tras el tractorazo de 2001 como herramienta de ordenamiento del sector, y que eliminar esas resoluciones "significa volver a dispersar todo lo que se organizó en más de dos décadas".
Entre los cambios más controvertidos, la propuesta concentraría el poder de decisión en el presidente del organismo, quien podría firmar convenios sin aprobación previa del Directorio —anulando el esquema colegiado donde participan delegados de productores, tareferos, cooperativas, industrias y gobiernos provinciales—. También debilita el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, reduce el alcance de la Tasa de Inspección y Fiscalización, flexibiliza el régimen sancionatorio y limita las políticas de fomento, lo que dejaría sin efecto entregas de herramientas, equipamiento y asistencia técnica a pequeños productores.
El Directorio del INYM pasó a cuarto intermedio y retomará la discusión el próximo martes 29 de septiembre, en un contexto de creciente tensión por las consecuencias que la aprobación de la reforma tendría sobre toda la cadena de valor.
